El ex gobernador de Bolívar, Juan Carlos Gossaín, y varios de sus funcionarios fueron declarados este lunes como responsables fiscales por el denominado Cartel de la Hemofilia en el departamento de Bolívar, proceso que se falla en primera instancia en la Gerencia de la Contraloría General de la República.

De acuerdo a lo indicado por la Contraloría se determinó  responsabilidad fiscal individual y solidaria, en el caso del ex gobernador Gossaín se tasó en $1.205 millones.  Para la Contraloría, la conducta del exgobernador fue determinante frente al daño patrimonial causado al Estado. Esto por haber sido quien adoptó la decisión de pagos sin percatarse que los fallos de tutela no le imponían al Departamento una obligación en ese sentido, «lo que se constituye en un elemento de causalidad entre la conducta del entonces Gobernador y el detrimento causado».

Entre los funcionarios imputados como responsables fiscales en primera instancia están la exsecretaria de Salud de Bolívar, Ana María del Carmen Álvarez Castillo, Bertha María Pérez López, quien ejerció este mismo cargo como encargada; y Nacha Newbal Jiménez, como directora de la Unidad de Aseguramiento y Prestación de Servicios de Salud.

También la Fundación Ciénaga de la Virgen, representada legalmente por Emperatriz Agamez Meléndez, en calidad de contratista. La IPS Asistencia Integral de Servicios en Salud -Asistegral, representada legalmente por Gloria Patricia Giraldo Jaramillo. Candelaria Valdelamar Martínez, representante legal del Hospital La Divina Misericordia de Magangué (Bolívar). La Fundación Renal de Colombia, representada legalmente por Gabriel Enrique García Sotelo y Luis Eduardo Ortiz Herrera, en calidad de Auditor Médico, Líder del Programa de Prestación de Servicios de Salud.

La decisión se conoce luego de una audiencia verbal que se desarrolló este lunes en la sede de la gerencia departamental de la Contraloría General de la República en Cartagena en la que este organismo de control dio a conocer el fallo de primera instancia dentro del proceso conocido como el Cartel de la Hemofilia de Bolívar.

Como se sabe el proceso se inició luego de denuncias por los pagos que, atendiendo fallos de tutela, realizó la Secretaría de Salud Departamental por la supuesta atención integral de pacientes hemofílicos, que debió estar a cargo de las EPS a las que estaban afiliados dado que los servicios médicos para el tratamiento de la enfermedad se encontraban cobijados en el Plan Obligatorio de Salud (POS).

A los imputados se les atribuye, entre otras conductas, permitir y recibir pagos por millonarias sumas al margen de la legalidad y sin saber a quién se le pagaba, con el argumento de que eran urgentes.

Su despacho incurrió en omisión intencional de pronunciarse sobre las acciones de tutela interpuestas, guardando silencio sobre las mismas.

Su conducta fue determinante para la ocurrencia del daño patrimonial, sostiene la Contraloría. Así lo advirtió el Contralor Delegado Intersectorial No. 2 de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción de la Contraloría General de la República, José Miguel Char Chicre quien le dio lectura al fallo de primera instancia en este proceso de responsabilidad fiscal.