A segundo debate pasó el proyecto de ley que busca prevenir, sancionar y erradicar todo tipo de violencia contra la mujer en la política, con el fin de garantizarles el pleno desempeño de sus derechos político – electorales y participen en condiciones de igualdad en todos los espacios y funciones de la vida política y pública.

«Este proyecto visibiliza una problemática de nuestro país que sin darnos cuenta apaga la voz de muchas mujeres en escenarios de participación política, a pesar de que las mujeres conquistado nuevos espacios de representación crece este fenómeno que atenta con el ejercicio de nuestros derechos electorales», afirmó la senadora Nadia Blel, autora del proyecto de ley.

«Celebramos la aprobación de esta iniciativa en este día tan histórico para la mujer, queremos que en Colombia empecemos a hablar de esas conductas que constituyen violencia contra la mujer en la vida política, que la reconozcamos como un fenómeno real y específico y que existan medidas integrales de sanción y prevención contra aquellas personas que atenten contra nuestros derechos como mujeres «, añadió.

La iniciativa, que cursó su primer debate en la Comisión Primera de Cámara con ponencia de la Representante Adriana Matiz, pretende diseñar políticas y planes necesarios para promover el derecho de las mujeres a una vida política libre de violencia, crear una hoja de ruta para atender y resolver las denuncias de estos actos, garantizar la restitución de los derechos perdidos y se sancione la práctica de estas conductas.

En Colombia, aunque las barreras legales para la participación política de las mujeres han sido eliminadas y a partir del año 2000 se cuenta con la ley de cuotas, se han evidenciado conductas violentas específicas contra las mujeres que desempeñan cargos de elección popular con el propósito de que abandonen la política, presionándolas para que renuncien a ser candidatas o desincentivándolas para llegar a un cargo de decisión.

Según el Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria, 6 de cada 10 mujeres afirmaron haber sido víctimas de violencia política, siendo las formas más evidentes la violencia física, sexual y sicológica (acoso sexual y laboral, descalificación, discriminación por estar en embarazo, amenazas contra ella o su familia, secuestro, violación, entre otros).

También se han identificado manifestaciones de carácter económico y simbólico como la difusión de imágenes sexualizadas, restricción del uso de la palabra, revelar información privada, no dar crédito o apropiarse de sus ideas, destrucción de material de campaña, negación de recursos económicos o instalaciones, etc.