#Colombia | El senador Enrique Cabrales, junto con los senadores Honorio Henríquez y Juan Caicedo, y el representante a la Cámara Jesús Lorduy, radicó nuevamente el proyecto de ley que prohíbe el acceso y uso de redes sociales por parte de menores de 16 años, una iniciativa que busca proteger la salud mental, la integridad y el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes frente a los riesgos del entorno digital.
Las cifras son alarmantes. De acuerdo con el estudio Disrupting Harm Colombia, desarrollado por UNICEF, ECPAT International e INTERPOL, uno de cada cinco adolescentes usuarios de internet en Colombia sufrió alguna forma de abuso o explotación sexual facilitada por la tecnología durante el último año, lo que equivale a cerca de 860.000 niños, niñas y adolescentes.
La evidencia científica demuestra que el uso intensivo de las redes sociales está asociado con un mayor riesgo de ansiedad, depresión y otros problemas de salud mental en adolescentes. Estudios longitudinales han encontrado que los jóvenes que utilizan estas plataformas durante más de tres horas al día presentan un riesgo significativamente mayor de desarrollar síntomas de ansiedad y depresión, además de alteraciones del sueño y del bienestar emocional.
El proyecto sigue una tendencia internacional. Australia aprobó una ley que fija los 16 años como edad mínima para acceder a redes sociales. Portugal, España, Indonesia y Malasia avanzan en reformas con el mismo propósito, mientras que Francia ya estableció restricciones con una edad mínima de 15 años. Colombia no puede quedarse atrás cuando está en juego la protección de la infancia.
“Lo prometimos y hoy cumplimos nuestra palabra. Volvemos a radicar este proyecto porque no podemos seguir siendo indiferentes mientras nuestros niños son víctimas del ciberacoso, la explotación sexual, la violencia digital y una creciente crisis de salud mental. Las redes sociales no pueden seguir operando sin asumir ninguna responsabilidad. Si otros países ya están actuando para proteger a sus menores, Colombia también debe hacerlo. La protección de nuestros niños está por encima de cualquier interés económico.
