Pablo y Luis Miguel, en hechos aislados, perdieron la vida a manos de miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) que operaban en la zona. Sus restos después de ser identificados fueron entregados en una forma digna, con acompañamiento psicosocial a las familias por parte de la Unidad para las Víctimas.
Luis Miguel García tenía 71 años cuando grupos al margen de la ley llegaron a su finca en María la Baja (Bolívar) y preguntaron por los hombres de la casa. Según el relato de una de sus hijas, él se encontraba solo en el predio y lo sacaron y, sin mediar palabra, le quitaron la vida. Eso sucedió el 15 de febrero de 2003.
El 30 de agosto, Pablo Palomino estaba con unos amigos en una fiesta de cumpleaños en el corregimiento de Correa en María la Baja. Se fue a la tienda y cuando regreso encontró a la mujer que lo acompañaba con otro hombre. El reclamo terminó en una pelea donde intervino alias “Lucho”, miembro de las AUC quien atento contra su vida delante de su hijo.
Gracias al trabajo del Grupo Interno de Trabajo de Búsqueda, Identificación y Entrega de Personas Desaparecidas (GRUBE) de la Fiscalía General de la Nación, hoy las familias víctimas de estas dos victimas tuvieron la posibilidad de llevar a su última morada a sus seres queridos.
Resultados de las investigaciones
Los hechos fueron confesados en diligencias de versión libre en febrero y mayo de 2017, e imputados a los postulados Salvatore Mancuso Gómez, Edwar Cobo Téllez y Uber Enrique Banquez Martínez.
Después de las investigaciones y de la exhumación de los cuerpos encontrados en los cementerios de Cartagena y María La Baja, por parte de GRUBE, sus restos fueron entregados.
En el acto de entrega de los restos óseos se dio el acompañamiento del equipo interdisciplinario de la Fiscalía General de la Nación, que fue el encargado de socializar los procedimientos científico-forense que permitieron la identificación plena de las víctimas.
Cómo lo manifestó el Fiscal 80 en las ceremonias, la Dirección de Justicia Transicional, seguirá en su tarea de otorgarle a cada víctima las garantías de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición
