En una carta enviada al alcalde William Dau Chamat, el abogado de la Concesión Vial Julio José Orozco aseguró que no levantarán las talanqueras en los peajes para el transporte de carga y le dijo al mandatario que no evada su responsabilidad.

Como se conoce el pasado viernes se realizó una reunión entre los delegados de los camioneros, comité antipeajes, la viceministra de transporte y el alcalde Dau Chamat en la que se acordó que el mandatario enviaría un oficio a la Concesión Vial (que no estuvo en la reunión) para que levantara las talanqueras a los camiones.

Pues bien, el abogado de la Concesión dijo: “El concesionario no otorga a su solicitud el consentimiento que requiere la ley 105 en el sentido de la medida de “(…) incluir de la exención de pago a los vehículos de categorías III, IV y V (..)”, ya que no encuentra ninguna razón ni justificación legal para levantar de forma total las talanqueras, toda vez que ello implica per se el cese de la operación sin que exista una causal legal”.

Y asegura en otro de sus apartes: “Ahora bien, el Concesionario consintió, no como un reconocimiento de causal alguna de terminación del contrato, ya sea de forma anticipada o por cumplimiento de la operación por haberse alcanzado la TIR del 17,22%. Se hizo, para buscar alternativas razonables y sostenibles para la operación, que pudiera paliar la vicisitud y amainar la tempestad generada por sus públicas declaraciones en las zonas de los peajes, sin tapabocas y cigarrillo en mano, donde agazapado en el derecho constitucional a la protesta, promovió con megáfono el no pago de peajes y el levantamiento de las talanqueras. Los registros documentales, audios y vídeos que están en poder de las autoridades, son elocuentes. No es necesario acudir a la doctrina de la ciencia política para darse cuenta que una ciudadanía inconforme con un modelo de política pública y que soporta una carga tributaria (tasa – peaje), canaliza su comportamiento con el ejemplo del gobernante.

«Señor Alcalde: usted debe saber que no le es dable eludir su deber de preservar el orden público y trasladar esa carga constitucional y legal al Concesionario”.