Por: Fernando Benitez Velez
La construcción de la infraestructura urbana requiere, demanda sin duda una constante y muy cuantiosa inversión de recursos.
En Cartagena se requiere un esfuerzo extraordinario en este sentido, por lo tanto debemos evitar el fracaso de las mismas, el desmedro en la calidad de las obras públicas, ya que esto nos genera cuantiosas pérdidas para la ciudad, en perjuicio de la comunidad y “el palo no está para hacer cuchara”.
El principal obstáculo para las buenas obras, lo constituye el desconocimiento del rol de quienes participan en el proceso de contratación y ejecución de proyectos llámese arquitectos, ingenieros, técnicos tecnólogos y demás que actúan como contratantes y contratistas e interventores, siendo estos últimos de la mayor importancia, como garantes de las buenas prácticas.
Es por ello, que debemos establecer siempre en el contrato, una descripción clara y específica, las tareas de cada uno de los profesionales que intervienen y cuáles son sus esferas de competencia, para así poder determinar claramente las obligaciones de todos y cada uno de ellos en la ejecución a partir de su formulación.
Desde nuestra experiencia podemos deducir que los problemas no son por defecto de legislación, sino por desconocimiento o ignorancia de las normas que reglan la materia, así como por las prácticas viciosas de contratación.
Estructurar una relaciones jurídico contractuales, con el fin de qué el contrato suscrito cumpla su función ordenadora y facilite el intercambio de bienes y servicios entre las partes, son conceptos fundamentales para definir acertadamente y con rapidez las responsabilidades civiles administrativas y aún penales en caso de fracaso de una obra y así establecer responsabilidades o culpas y ordenar indemnizaciones si hay lugar a ello, facilitará sin divagación o dilación por parte de un juez de la República o un ente de control que investigue, puesto que quedó claramente establecido quién estaba obligado o quien ha tomado una decisión que se ha traducido en un perjuicio.
