#Actualidad | Como un problema de seguridad alimentaria calificó el gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, la situación que viven miles de caribeños cada mes cuando llega la factura del servicio de energía, prestado por las empresas Air-E y Afinia.

“Ya esto no es un tema de justicia social. Ya esto trascendió, se volvió un problema de seguridad alimentaria”, afirmó el mandatario bolivarense durante el Encuentro Regional de Justicia Tarifaria, llevado a cabo en el Palacio de la Aduana.

El gobernador fue tajante al afirmar que en vez de cobrarle por las conexiones informales al usuario que paga su recibo de la luz, debería subsidiarle el Estado. A esto se refiere como mínimo vital.

En ese sentido, Arana lanzó dos interrogantes al gerente general de EMP, John Maya y al ministro de Minas y Energía, Omar Camacho:

“¿Cuáles son las apuestas que ha hecho la compañía para empezar a cerrar esa posibilidad de que la gente se conecte de manera informal? ¿Cuantos proyectos ha presentado la empresa para que esas inversiones salgan de esos fondos y no se los cobren a los usuarios?»

Con ese mínimo vital, que sale de los fondos de energía, previa gestión de la empresa y el gobierno, se daría la rebaja en la tarifa que tanto esperan los usuarios, aseguró el gobernador.