Bajo el peso de una honda consternación que ha soportado mi corazón y el de mi familia durante largos 15 años, producto de las imperfecciones de la administración de justicia colombiana, me dirijo a la opinión pública para expresar que soy víctima de una penosa injusticia, liderada por algunos miembros de la Corte Suprema de Justicia, esa misma donde ha operado el conocido “Cartel de la Toga”, cuyas acciones nunca empañarán la conducta ejemplar de verdaderos jueces honestos y valientes.
Fui denunciado por un sector político de mi departamento de Bolívar, quienes aprovechando el contexto del famoso proceso de la parapolítica, acudieron al montaje con testigos falsos para causarme daño y acabar con mi carrera pública. El determinador fue un exrepresentante a la Cámara perteneciente a una reconocida casa política de mi departamento. Este injusto proceso data del año 2002, y en ese entonces, hace 19 años, no aspiraba a la Cámara de Bolívar como principal, solo hacía parte como suplente de una lista de cuatro miembros.
Nunca tuve vínculos ni relación alguna con grupos al margen de la ley, y no obstante fui investigado, juzgado y condenado por concierto para delinquir, todo sin prueba alguna, ni documental, ni fotográfica, mucho menos testimonios de los jefes paramilitares citados por la Corte en su momento. Solo valieron los testimonios de oídas del cartel de falsos testigos, todos competidores políticos míos en el municipio de Pinillos, a quienes posteriormente la Fiscalía General investigó y obtuvo condena por mentir en mi proceso.
Mi juez investigador y ponente de mi sentencia fue el hoy prófugo de la justicia, magistrado José Leónidas Bustos, investigado por ser supuestamente el autor intelectual del Cartel de la Toga que hoy tiene en la cárcel a varios magistrados de la Corte. Tal como lo han revelado diferentes medios de comunicación, en ese máximo tribunal de la justicia se obedecía a una minoría mafiosa que, a través de presuntos sobornos, compraba y vendía fallos y sentencias.
Sandra Villadiego, mi amada esposa, hace política a mi lado hace más de 30 años. Sus méritos y trabajos permanentes le han permitido ser Representante a la Cámara y Senadora de la República, y es una prueba de que los votos no se transfieren ni mucho menos se heredan. Su éxito ha sido su trabajo social y humano de manera permanente representando a la provincia, a los que no tienen voz. Ella es orgullo de su natal Ciénaga de Oro, hija de un profesor y una maestra de escuela, que ha escalado a base de perseverancia y esfuerzo.
Es cierto que fui condenado, pero también es cierto que, culpable o inocente, pagué una pena hace más de 15 años. Los delitos en el mundo no se pueden transferir a la familia; la esclavitud hace más de 200 años fue abolida y no existe el delito de sangre, ni penas morales o éticas; las responsabilidades son individuales.
Pese a ello, fui objeto de una barbarie jurídica, que solo Dios, mi familia y mi pueblo saben cuánto ha repercutido en episodios de desinformación y falta de un rigor investigativo de algunos medios de comunicación y los irresponsables de redes sociales como Twitter. A la pena injusta del sistema judicial se ha sumando una pena que resulta tan inapelable como inadmisible: la cadena perpetua moral.
No ha bastado con ver sacrificada mi libertad ni mis derechos civiles, sino que además he debido soportar la permanente e incaducable sentencia moral que me coloca en la misma cesta de homicidas, desplazadores y violadores de derechos humanos, siendo apenas un procesado por el infundado “concierto para delinquir”, que para el caso mío más se acerca al delito político.
¿Hasta cuándo debe un colombiano sufrir la ignominia de esa cadena perpetua moral? ¿Cómo se resarce tanta desidia? ¿Qué motiva tanta sevicia? ¿Qué norma ética admite un medio de comunicación para cesar la insidia? ¿Habrá algo de consideración al derecho a la dignidad humana? Me surgen estos y muchos interrogantes, y me asusta que nunca tengan respuesta.
Nuestra Constitución es clara en su artículo 40 cuando dice: Todo ciudadano tiene derecho a participar, en la conformación, ejercicio y control del poder político. Se puede elegir y ser elegido. Ser víctima de la justicia, como lo fui, debería tener un castigo ejemplarizante y no el efecto contrario de querer castigar a la familia para hacerle eco a un sector político del país. Colombia es una patria donde hay muchos inocentes condenados en injusticia, y esa es una verdad incontrastable.
Quiero terminar esta declaración evocando al gran líder liberal Jorge Eliécer Gaitán: “Cercano está el momento en que veremos si el pueblo manda, si el pueblo ordena, si el pueblo es el pueblo y no una multitud de siervos”. Ese día tendremos una nación que ampare a los más débiles, que defienda a las víctimas de la injusticia, que proclame la libertad, la reconciliación, la democracia y la paz. Un país sin justicia es una falsa democracia.
MIGUEL ÁNGEL RANGEL SOSA.
